De nuevo una Sección de Crédito de una Cooperativa que la lía...

Tras el conocido caso castellano-manchego del concurso de la Sociedad Cooperativa Agrícola "Tierra de Calatrava" de Miguelturra con Sección de Crédito (Ciudad Real), motivado fundamentalmente por una mala gestión del Consejo Rector en inversiones en el Centro de Europa (v. Noticia-ABC Concurso Coop. Miguelturra), llega ahora otro caso similar en Toledo: la Cooperativa "San Isidro" del municipio toledano de Parrillas, de nuevo con una Sección de Crédito que acaba por provocar el problema (v. esta noticia de la Tribuna de Toledo).

¿Por qué estas cosas? Ya abordé los riesgos que comportaban la singular regulación de estas Secciones Cooperativas hace unos años en un Congreso que tuvo lugar en Córdoba a instancias de la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE, entonces, que actualmente se ha deshecho de su C inicial y se denomina "Cooperativas AgroAlimentarias de España", por mor de un meditado giro de mercadotecnia para el nuevo siglo en curso). Básicamente todo se confía al buen hacer de los gestores cooperativos, porque las distintas Administraciones Públicas miran hacia otro lado, fundamentalmente porque pueden hacerlo, ya que no hay normativa que les obligue a hacer otra cosa, pues no se les confía control real y efectivo sobre estos singulares centros financieros, quizá porque pareciera que su impacto es minúsculo si se le compara, ciertamente, con las entidades de crédito, de mayor o menor pujanza. Pero esto deja a las Secciones de crédito en una suerte de limbo jurídico, que quizá pueda explicar –que no justificar- que de facto puedan operar como si fueran en algunos casos, con perdón, "una especie de chiringuito financiero", falto de supervisión y fiscalización por alguna autoridad mínimamente garante que vele por aquella cuota del mercado que acude a ellas, desde la mejor intención [la comprensible búsqueda del mayor rédito del capital disponible para invertir] por supuesto, en tanto que se presentan lícitamente como una fórmula más con la que contar para rentabilizar los ahorros. De modo que es muy habitual que los socios agricultores confíen a la cooperativa su dinero ante la seguridad de que están a buen recaudo y, sobre todo, porque se les da, como poco, un rendimiento igual e, incluso, en muchos casos, netamente superior al ofrecido por las entidades crediticias de la zona (esta última fue la causa remota del gran volumen de afectados en el caso de la cooperativa de Miguelturra).

Y una entidad financiera, sea del corte que sea, cuando se dirige al público, por más que luego pueda llegar a constituir una suerte de un mercado interno, debe estar supervisada para evitar el desamparo de esos potenciales clientes, quienes plausiblemente confían que "alguien serio" vele porque "todo esté en regla". En principio, parece que el legislador parte de una premisa un tanto falaz como ratio de un sorprendente régimen jurídico permisivo y desprovisto de controles recios, el en apariencia atendible motivo para que la Administración no tomare cartas en el asunto o pueda descuidarse de lo que hagan en el seno de las cooperativas a través de estas secciones de crédito cooperativas sería el hecho de que el cliente de esta sección cooperativa acabe ostentando la condición de cooperativista como requisito para la imposición y/o obtención de dinero (algo que, por lo demás, también constituye una práctica común incluso para las cooperativas de crédito), de suerte que. a diferencia de cuanto acontece con los clientes de las entidades de crédito no cooperativas, los clientes de las secciones en tanto que socios siempre gozarían u ostentarían un derecho a información financiera más o menos directa para poder fiscalizar las cuentas y la gestión de esta Sección de crédito, al menos, una vez al año. ¡Vaya coartada para regular como se quiera!

¿Eso es suficiente? Es evidente que no, porque la práctica demuestra que no hay cultura societaria activa en nuestro cooperativismo, quizá más aún en el ámbito agrario, ya que son pocos los socios que están instruidos en sus derechos y obligaciones como miembros de una empresa, muy pocos. E incluso muchas veces no hay conciencia de que sea una empresa propia sino “una empresa del pueblo en la que yo estoy, más como cliente que como miembro promotor y autor de su éxito y desventura”. De modo que la normativa que actúa como paraguas protector deja en manos del socio-cliente toda la responsabilidad en la supervisión de la gestión de la Sección de crédito, lo que, a la vista de la realidad sociocultural resulta netamente mucha responsabilidad para tan poca formación financiera: ¿acaso alguien que no sea economista o tenga formación contable está en condiciones de interpretar un balance o unas cuentas anuales? ¿Lo están nuestros agricultores? ¿Más aún cuando las cuentas a evaluar son maquiladas por la gestoría de turno que sirve y asiste al Consejo Rector? Es obvio que no.

Así las cosas, es indudable que no puede tener defensa alguna cualquier normativa que ignore la realidad social sobre la que debe operar y/o los intereses jurídicos que está llamada a preservar y tutelar. No se les puede pedir a los particulares que sean letrados, ello no es realista. De modo que sería muy recomendable, por no decir objetivamente exigible, que los legisladores establezcan claramente un rol activo por parte de las Administraciones concurrentes con competencia en la materia, a fin de que deban implicarse también en este sector cooperativo en aras de evitar que tengan lugar hechos tan desagradables como los que ahora reseñamos (y, a veces, hasta luctuosos, en atención al daño patrimonial que acarrean). Eso o impedir que puedan montarse estos "chiringuitos". No hay más opciones “si queremos que el Derecho cumpla la función de proteger al derecho, allí cuando éste más peligra”.

En todo caso, al margen de estas consideraciones personales, no puedo ni quiero dejar de recordar ni remitirme a la opinión de la doctrina española que más ha prestado atención a estas singulares secciones cooperativas, lo que ha sucedido, sobre todo, por parte de la literatura económica (destacamos, entre otros autores, a J. R. Sanchís Palacio, R. Server Izquierdo, A. Melián Navarro, P. Bel Durán, F. Soler Tormo, M. Puente García, etc.), pero no sólo, porque también hay destacados análisis entre nuestra dogmática jurídica (v., p. ej., V. Santos, G. Fajardo García, etc.). Nos remitimos a sus respectivas publicaciones para tener más y mejores noticia y fundamento sobre cómo prevenir los desatinos a los que puede abocar el actual régimen jurídico de estas Secciones de crédito.

Lo que resta es ver el peregrinaje de los afectados a las autoridades políticas buscando la protección política ante el desamparo jurídico existente (p. ej., ya se habla de una solicitud de audiencia con la Presidenta Cospedal): cuando la Ley no te protege sólo te queda el recurso a la caridad o la misericordia ajenas. En fin, nada nuevo bajo el sol que alumbra y calienta nuestras cooperativas agrarias. Cordialmente,

Francis